Estamos a principios del mes de octubre de 2019, fecha en la que esta gestión de la Asociación de Psiquiatras Argentinos cumple seis meses, es decir, una cuarta parte del mandato previsto por nuestro estatuto societario.
Han sido seis meses de intenso trabajo, que nos requieren compartir una reflexión a modo de balance. Sabíamos de antemano que nos tocarían épocas agitadas, marcadas por los plazos conocidos por todos y todas, y también por la polémica y las posturas encendidas desde diferentes sectores, a veces más y a veces menos compatibles entre sí.
Es difícil comprender el contexto general, histórico y político de nuestra Salud Mental. Pero no menos difícil es comprender los matices propios de nuestro campo común. Esta dificultad viene dada por dos o tres variables independientes, que admiten todas las combinaciones posibles: la buena o mala fe, el sostenimiento de ideas sobrevaloradas que se asemejan a la adoración, y la existencia de negocios personales (los llamados kioscos) que pueden ser económicos, de simple notoriedad o tener pretensiones políticas. Podríamos agregar una cuarta variable: la posibilidad o imposibilidad, determinada desde lo profundo de un sistema de ideas, de pensar para el conjunto, para el bien común.
No nos extenderemos en esta oportunidad sobre la Ley Nacional de Salud Mental. Es una ley votada por unanimidad por ambas cámaras legislativas, y promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Es una ley nacional, y punto. Las leyes se cumplen. Los psiquiatras perdimos allí protagonismo, no supimos estar a la altura de los tiempos, no nos supimos hacer escuchar. Faltaron interlocutores entre quienes la impulsaron, y eso se advierte claramente en el texto de la ley. Sus aspectos innecesariamente antipsiquiátricos, su redacción alejada de la clínica, su falta de consideración de las situaciones de urgencia en la que los médicos psiquiatras somos convocados en primer lugar ya han sido debidamente señalados. Estas debilidades se suman al flagrante incumplimiento del aspecto presupuestario, que convierte a la Ley 26657, en gran medida, en un texto que no logra afectar la realidad, como toda ley que no se implementa.
Será cuestión del futuro pensar qué podemos aportar los psiquiatras en una eventual reconsideración de los aspectos mal (o poco) definidos diez años atrás.
Pero la LNSM también admite ser analizada como síntoma y como productora de dicotomías engañosas al interior del campo de la Salud Mental. Un sector cuantitativamente minoritario más dotado de cierto saber para activar los mecanismos burocráticos del Estado se impuso por sobre el resto. Se trata de un sector que sostiene una rígida y excluyente idea que guía sus postulados y sus acciones: el origen de todos los males es el hospital psiquiátrico, y por lo tanto los problemas se arreglan cerrándolo. Todo lo demás pasa a segundo plano, se pospone, vendrá después. Con peregrinaciones al norte de Italia, este sector toma al psiquiatra como enemigo y llama a “militar” (sic) la ley. El apoyo y financiación de esta postura desde organismos internacionales merece un análisis por separado que no se hará en esta oportunidad pero que dejamos apuntado en el margen. Ha sido tan mencionada la injerencia de la industria farmacéutica como influencia en la tarea médica por su poderío económico que ya es hora de mencionar también en qué moneda son remunerados los funcionarios de los organismos internacionales que “militan” estas causas.
El sector opuesto, el de los psiquiatras supremacistas, es absolutamente complementario al anterior. Este grupo, también minoritario, hace negocio político —y, a veces, también económico— atacando a los psicólogos y postulando que solo el médico psiquiatra puede liderar equipos de Salud Mental. Anclado en el pasado, ciego a los cambios históricos, temeroso de perderlo todo, este grupo de colegas crispados llama al enfrentamiento constante y utiliza la estrategia de meter miedo.
Cuidado con esto, cuidado con aquello, de allá vienen los malos.
Ambas posiciones se inter-definen. Se necesitan. No existe la una sin la otra. Y han logrado mucho: han logrado acaparar la atención general, y han logrado que todos nos sintamos obligados a definirnos por unos o por otros.
Pero la opción es falsa, está basada en premisas falsas. Las falsas opciones deben ser impugnadas. Hay que señalar la trampa intrínseca a las reglas de ese juego y proponer otras. De un laberinto, decía Marechal, se sale mejor por arriba. Es así que afirmamos categóricamente que no es necesario convertirse en retrógrado para defender a la Psiquiatría, ni en antipsiquiatra para defender los derechos humanos de las personas con discapacidad mental.
Defendemos la Psiquiatría del siglo XXI, apostando a ser contemporáneos de nosotros mismos, como recomendaba Ortega y Gasset. Y defendemos los derechos humanos desde siempre, desde el inicio mismo de nuestra formación como médicos psiquiatras conmovidos por el sufrimiento humano, y dedicados a resolver los problemas de salud de las personas a las que asistimos. No somos los psiquiatras quienes nos formamos para debilitar derechos fundamentales, sino todo lo contrario.
Si hay personas viviendo en hospitales monovalentes por años, ello no responde en ningún modo a una indicación médica, ni al deseo de ningún psiquiatra, ni a un modo de funcionamiento del hospital de especialidad. Ocurre por abandono del Estado, por políticas en salud que en su negatividad así lo disponen cuando no crean alternativas, y por un retraso cultural fenomenal de toda una sociedad en la comprensión del fenómeno mental y de la cualidad de sujetos, de ciudadanos y ciudadanas, de las personas con enfermedades mentales. Aprovechar las situaciones de abandono, de trato miserable, de marginación, para atacar a la Psiquiatría en su conjunto constituye una canallada que solo puede obedecer a intereses particulares y ajenos al interés genuino en la vida de quienes sufren, como señalábamos más arriba.
Hay otra falsa opción: o monovalentes o atención de base comunitaria. Volvemos a impugnar esta falsa disyunción y decimos: sí a ambas. Sí al hospital especializado, sí a la red de base comunitaria, y sí a la atención de Salud Mental y Psiquiatría, con internación, en el hospital polivalente.
Desconocer la importancia del dispositivo especializado de internación —verdadera terapia intensiva en Psiquiatría— es desconocer la real dimensión de la urgencia y de las situaciones de mayor gravedad. Y es desconocer también que estos pacientes son rechazados en los demás espacios del sistema sin ser admitidos ni en los dispositivos ambulatorios ni en los hospitales generales, que carecen de las condiciones mínimas de personal, de seguridad y de capacitación para recibirlos.
Mientras unos repiten como mantra un discurso fotocopiado de otras latitudes, centenares de psiquiatras argentinos se desesperan por encontrar una cama de internación para resolver una situación de urgencia que no admite demora. Mientras algunos funcionarios nacionales se apresuran a publicar resoluciones y guías en el Boletín Oficial —con una narrativa entre ficcional y antipsiquiátrica—, en noviembre de 2018, mil pacientes de Psiquiatría del Hospital Posadas (Haedo, provincia de Buenos Aires) se quedaron sin tratamiento y sin medicación, por el despido de la mitad de los psiquiatras del servicio. ¿Dónde están hoy, casi un año después, esas mil personas, esas mil familias? ¿No es lógica manicomial ese abandono? ¿Qué ha sido de sus evoluciones, de sus lazos, de sus trabajos? ¿Cuántos permanecerán hoy con vida? Con este desgarrador ejemplo queda claro que la pretendida “desmanicomialización” esconde, no pocas veces, el simple desmantelamiento de la Salud Pública.
La adoración de la experiencia de Trieste, despojada de su contexto histórico y político, tiene también otras consecuencias. Arroja al olvido una rica historia nacional, anterior al golpe militar de 1976, que da cuenta de la existencia de hospitales abiertos a la comunidad, de la creación de los primeros hospitales de día del continente, de los tratamientos grupales gratuitos y sistemáticos, de los grupos para el tratamiento del alcoholismo en el hospital público, de los trabajos de prevención en las salas de espera, de la internación conjunta de los niños con sus madres o sus padres, introducida por Florencio Escardó, de la experiencia del Lanús, con Mauricio Goldenberg a la cabeza… y un larguísimo etcétera que nos coloca, históricamente, muy alejados de la imagen de encerradores empedernidos, o de medicadores punitivistas. Quienes atacan a los psiquiatras como colectivo saben que la mayoría de esa historia fue escrita por psiquiatras. Quienes azuzan el miedo y las posiciones paranoides desde el campo propio saben también que en su accionar reniegan de esa historia. Bien sabemos a dónde conduce la desmemoria.
¿Quedan aún dispositivos manicomiales en nuestro país, en ámbitos públicos o privados? Pues deberían ser desactivados y reconvertidos inmediatamente. Y la dirección del reclamo no es hacia los psiquiatras sino hacia el Estado como representante del interés común. Ha llegado a nuestro conocimiento —la fuente solicitó fuertemente mantener el anonimato— que varios pacientes dados de alta este año de un importante hospital especializado regresan al día siguiente… ¡a almorzar! Se las ingenian para sortear los obstáculos al ingreso (muros, personal de seguridad) y entran al hospital monovalente a conseguir lo que no se consigue afuera: un plato de comida caliente. ¿Dónde está —nos preguntamos— el manicomio en ese caso, afuera o adentro?
No va a existir jamás un sistema justo y democrático de atención de la Salud Mental en un contexto social y político que no sea, en sí mismo, justo y democrático. Por ese motivo creemos que solo en el marco del ideal de la Salud Pública es posible pensar en un sistema que tome en cuenta todas las necesidades a cubrir: desde la prevención y la educación para la salud, hasta la atención de los cuadros más severos en los peores momentos de su evolución.
Continuaremos reclamando una política de salud que incluya a la Salud Mental, enmarcada en un programa de Salud Pública. Continuaremos trabajando para reclamar condiciones dignas para todos los trabajadores de la salud de nuestro país. Continuaremos abogando por una mejora en la formación del personal de salud, en la que la Psiquiatría y la Salud Mental tengan el peso específico que corresponde a una epidemiología cada día más preocupante.
Continuaremos, también, alejados de todo discurso fanático, acercando posiciones entre profesiones del campo de la Salud Mental, con la condición de que se dialogue sin ataques y sin posicionamientos antipsiquiátricos. Continuaremos rechazando documentos oficiales en los que el psiquiatra es reemplazado por cualquier otro médico de cualquier otra formación, como si la formación del psiquiatra no fuera específica ni esencial, en un claro ataque a la especialidad disfrazado de falso pragmatismo sanitario.
Muchos jóvenes psiquiatras han caído en la falsa opción entre el psiquiatra retrógrado, crispado y a la defensiva, y la postura antipsiquiátrica parapetada detrás de la defensa de los derechos humanos. La falta de una postura clara, abierta y protagónica en los últimos años, rechazando de plano esta falsa opción, completa la encerrona en la que estos jóvenes colegas se encuentran hoy por hoy. Ya se ha dicho muchas veces: falta una generación en nuestro país. En este caso, una generación de psiquiatras.
Es tarea de los psiquiatras que hoy pertenecemos a la generación intermedia intentar cubrir esa falta y unir a una generación anterior con la que nos sigue a nosotros. A la anterior le pedimos que nos transmita aquella experiencia tronchada por la dictadura, una experiencia rica en interdisciplina, trabajo comunitario, producción teórica y práctica clínica, investigación, compromiso. A la generación que sigue le decimos que la Psiquiatría es una especialidad apasionante, honesta y comprometida, donde las ciencias naturales se dan la mano con las humanas. Les decimos también que se puede estar en contra de la lógica manicomial y estar a favor del hospital de especialidad; que se puede defender el hospital especializado y también un enfoque comunitario amplio y universal de atención de la salud; que se puede defender a la Psiquiatría de los ataques malintencionados sin convertirnos nosotros mismos en atacantes de otras profesiones y de otras especialidades médicas imprescindibles para la atención integral de la salud.
Es hora de salir de las falsas opciones.
Es hora de abrir el diálogo.
Es hora de hablar de Salud Pública.
Santiago Levín
Presidente
APSA